Complemento salarial vs. Renta básica universal

Intervención de Mónica Cobo en mayo de 2017 en el Pleno del Ayuntamiento de Getafe

La crisis económica ha dejado un terrible reguero de pobreza y desesperación en muchas familias y personas en Europa, España y, por supuesto, en Getafe. Por eso, con el auge global del populismo es más importante que nunca diseñar políticas efectivas para reducir la desigualdad.

Para dar respuesta a esos retos en España, los partidos han puesto sobre la mesa básicamente tres tipos de políticas: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), las rentas mínimas y el complemento salarial.

A mí, como representante de un partido político, me encantaría poder salir a prometer a todos los españoles que el SMI va a subir mañana, por decreto, a 2.000 euros. ¿Por qué no lo hago? Pues porque en países con alto desempleo las subidas excesivas del SMI acostumbran a ser perjudiciales para los más pobres. En vez de subir los sueldos, los empresarios pueden decidir despedir porque al nuevo precio no les compensa conservar a los trabajadores menos productivos.

En países con pleno empleo como Alemania, la subida del SMI sí puede ser una política efectiva para reducir la pobreza laboral. Para el caso de España, con un 20% de paro, es mucho menos obvio. Además, la subida del SMI resulta inefectiva para abordar la causa principal de nuestra pobreza laboral: la altísima temporalidad. Por mucho que subas el SMI, si los trabajadores se pasan una parte significativa del año sin trabajo, al final del año siguen siendo pobres.

Es legítimo defender, como hace esta proposición, que la renta básica es un derecho universal de las personas, pero este tipo de rentas presentan dos problemas: uno de financiación y otro de incentivos.

Aunque no hay un acuerdo general sobre cuantas serían las personas beneficiarias de esta renta, por ejemplo, en diciembre del pasado año, Podemos proponía una renta mínima cuyo importe ascendería a 15.000 millones de euros al año. Exactamente el mismo tamaño de ajuste (en dirección contraria) que tenemos comprometido con nuestros socios europeos para el año que viene para pasar del 4,6% de déficit que tenemos este año al 3,1% con el que tenemos que cerrar en 2017, y lo que solo podría suponer una mayor subida de impuestos o importantes recortes en importantes partidas presupuestarias.

Pero a eso habría que añadirle los problemas incentivos. Por ejemplo, en algunas propuestas, la prestación termina en 17.000 euros. Con ese diseño, si el trabajador pasa a ganar 17.001 euros, perdería 600 euros de prestación de golpe. Eso podría hacer que el trabajador opte por no trabajar (o no declarar) más para no perder la prestación.

En Ciudadanos pensamos que es imprescindible dar apoyo a las personas sin trabajo y sin ingresos. Pero el camino debe ser centrar los esfuerzos en mejorar las fracasadas políticas de activación y reinserción laboral y conectarlas con las rentas mínimas ya existentes en las CC.AA. Hacer promesas grandilocuentes de gasto que no puedes financiar y que generan desincentivos al empleo es la mejor fórmula para perjudicar a los que peor lo están pasando.

El complemento salarial que propone Ciudadanos (y que el Gobierno se comprometió a implementar en 2017) consiste en un “impuesto negativo”, articulado idealmente a través del IRPF, que reciben las familias con rentas más bajas. Es como una devolución de Hacienda que se ejecuta en el momento de la declaración.

El diseño es en forma de trapecio. En el tramo inicial, donde las rentas son más bajas, la devolución es un porcentaje de la renta declarada por la unidad familiar. De esta manera, cuanto más se trabaja, más se ingresa, hasta un determinado umbral. Por ejemplo, si un hogar declara ingresos por valor de 5.000 euros al año, recibiría 1.500 euros a final de año, pero si gana 6.000, recibirá 1.800 euros. Cuando el hogar alcanza un determinado nivel de ingresos, la cuantía de la transferencia es fija. Y a partir de un nivel de ingresos superior, la cuantía decrece progresivamente.

Este tipo de complementos ofrecen muchas ventajas. Por esa razón existen en muchos países como Canadá, Nueva Zelanda, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca o Suecia. En todas partes cuentan con amplios apoyos en todo el espectro político.

En primer lugar, la evidencia internacional muestra que el complemento reduce drásticamente los niveles de pobreza, aumentando a la vez los niveles de salud y mejorando el rendimiento académico de los hijos de las familias que lo perciben.

En segundo lugar, por su diseño, no crea dependencias ni trampas de pobreza: los hogares que lo perciben no pierden abruptamente la prestación cuando aumentan sus ingresos o cuando acceden a un trabajo remunerado. En ningún momento el complemento genera incentivos negativos a trabajar o declarar menos ingresos.

Tercero, es una política social eficiente, pues los recursos se dirigen a los hogares que realmente lo necesitan, y simple, al recibir las familias una transferencia en efectivo que pueden gastar en lo que ellas libremente consideren más oportuno.

Cuarto, la experiencia de otros países muestra que aumenta la participación laboral y el empleo. Si los sueldos son más altos, los incentivos a trabajar más también lo son. Por tanto, también puede verse como una política de activación laboral.

Quinto, como la prestación se recibe en función de las rentas “declaradas”, se crea un incentivo positivo a no trabajar “en negro”, contribuyendo con ello a reducir la economía sumergida.

Sexto, si se focaliza en jóvenes o familias con hijos puede resultar una política muy efectiva para estimular la natalidad, algo particularmente necesario en un país con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo.

Séptimo, en contra de lo que se suele pensar, en España los pobres pagan muchos impuestos –IVA, IBI, cotizaciones sociales-. Un reciente trabajo de López Laborda y Onrubia muestra que el tipo medio soportado por el 20% de hogares más pobres es sólo superado por el que soporta el 10% de los más ricos.

Octavo, al cobrarse al final del año según los ingresos familiares declarados, es una política más efectiva que la subida del SMI para asegurar unos ingresos laborales dignos para las familias al final del año.

Finalmente, en contra de lo que se suele argumentar, con el diseño que propone Ciudadanos, es muy difícil que las empresas aprovechen el complemento para bajar los sueldos. Primero porque el complemento afecta esencialmente a personas que se encuentran cobrando cerca del salario mínimo (o en convenios). Pero además, en nuestra propuesta, se tiene en cuenta la renta de la unidad familiar a final del ejercicio fiscal. Eso evita que reciban el complemento personas cuyos cónyuges tienen salarios elevados. Y de forma crucial se evita que el empresario sepa quién recibe el complemento salarial.

Tenemos la obligación de ofrecer soluciones efectivas a las desigualdades. De lo contrario fracasaremos en la lucha contra el populismo. Para ello debemos transformar profundamente nuestro modelo laboral y nuestros sistemas educativos. Entretanto, debemos implementar urgentemente buenas políticas contra la pobreza laboral como el complemento salarial.

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